El exsenador peronista Edgardo Kueider y su secretaria enfrentarán un proceso oral en Asunción por intentar ingresar al país más de 200 000 dólares sin declarar; su defensa y la Fiscalía libran otra pulseada tras el rechazo de la Corte bonaerense.
1. El caso migratorio que abrió el expediente
El 4 de diciembre de 2024, Edgardo Kueider, exsenador nacional por Entre Ríos, y su secretaria Iara Guinsel Costa fueron detenidos en la frontera paraguaya con más de 200 000 dólares en efectivo sin declarar. Ambos mantienen arresto domiciliario en Asunción mientras se tramitaba un pedido de extradición formulado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
En abril de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó la extradición, alegando falta de garantías procesales adecuadas y amparándose en tratados bilaterales que protegen contra traslados inmediatos. Esa decisión obligó a las partes a reenfocar el litigio directamente en Paraguay, donde la fiscalía acusa a Kueider y su colaboradora de presunta tentativa de contrabando de divisas y lavado de activos agravado.
2. La elevación a juicio y la resistencia de la defensa
El martes 29 de julio, el juez Humberto Otazú, del Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos en Asunción, resolvió elevar la causa a un Tribunal de Sentencia. Otazú rechazó todos los planteos de nulidad y las exclusiones de prueba solicitadas por la defensa, incluida la impugnación de los videos de cámaras de seguridad y de la cadena de custodia de los billetes. Con esta decisión, se abre la etapa de debates orales y públicos por presunta asociación ilícita, blanqueo de fondos y contrabando de divisas en modalidad agravada.
La defensa de Kueider cuestiona la validez de las pruebas y alega que la retención de los dólares obedeció a un malentendido administrativo sobre límites de traslado de efectivo, no a un plan criminal. Además, sostiene que el exsenador, conocido por su trayectoria legislativa en temas de transporte y energía, carecería de motivaciones para ocultar divisas.
3. ¿Quién es Edgardo Kueider?
Edgardo Kueider (Paraná, 1968) es abogado y dirigente político de larga trayectoria en el Justicialismo
Si bien trabajó junto a sectores kirchneristas, su perfil pragmático lo situó con frecuencia en el peronismo de diálogo federal más que en la línea dura del cristinismo.
Militancia y afiliación partidaria
Ingresó al Partido Justicialista de Entre Ríos en 1991, participando en agrupaciones estudiantiles y comunitarias del peronismo federal.
Mantuvo vínculos estrechos con los gobernadores Sergio Urribarri (2007–2015) y Gustavo Bordet (2015–2023), con quienes articuló agendas de desarrollo provincial.
Desde 2023 figura afiliado a la coalición Hacemos por Nuestro País, espacio que agrupa alineamientos disidentes del peronismo tradicional.
Cargos y roles clave
Concejal municipal de Paraná (1999–2003): inició su carrera política en la capital provincial.
Diputado provincial (2003–2007): presidió las comisiones de Hacienda y Presupuesto.
Ministro de Gobierno de Entre Ríos (2008–2011): coordinó las políticas de seguridad y relaciones institucionales bajo la gestión de Urribarri.
Senador nacional (2015–2021): integró las comisiones de Transporte, Energía y Derechos Humanos en la Cámara alta.
Secretario de Provincias del Ministerio del Interior (2021–2023): actuó como nexo entre el gobierno nacional y las administraciones provinciales.
Redes de relación
Se reconoce su cercanía con referentes de la «mesa entrerriana» del peronismo federal, como el exgobernador Gustavo Bordet y el senador Alfredo De Ángeli.
4. Antecedentes de causas similares
En los últimos años, Paraguay ha recibido varios pedidos de extradición contra exfuncionarios argentinos —entre ellos un exsecretario de una cartera nacional y un senador provincial— por presuntas maniobras de corrupción y lavado de dinero. El rechazo de la Corte bonaerense a la entrega de Kueider es uno de los pocos casos en que se negó el traslado, lo que obligó a la justicia paraguaya a sustanciar el proceso completo en Asunción.
Este episodio se enmarca además en un contexto regional de reforzamiento de controles fronterizos tras el hallazgo de redes de contrabando de billetes y de criptomonedas cruzando la triple frontera. Especialistas en derecho internacional resaltan la complejidad de compatibilizar tratados bilaterales con normativas locales de lucha contra el lavado de activos.
5. Puntos clave de la acusación
- Asociación ilícita: los fiscales imputan a Kueider y a Guinsel Costa por conformar una banda destinada a blanquear dinero mediante una red de empresas interpuestas (BETAIL S.A. y EDEKOM S.A.).
- Tentativa de contrabando de divisas: la causa se sostiene en la detección de los dólares no declarados al ingresar por un paso no habilitado para esa suma.
- Lavado agravado: se investiga la compra de bienes inmuebles y vehículos de alta gama con fondos de origen presuntamente ilícito, desde 2017 hasta la fecha de la detención.
Si se comprueba la responsabilidad, podrían aplicarse penas de hasta diez años de prisión para cada imputado, además de incautaciones patrimoniales.
6. Impacto político y diplomático
La situación generó un cruce diplomático entre Argentina y Paraguay. Por un lado, el Gobierno de Buenos Aires presionó para garantizar el “debido proceso” y la “integridad física” de Kueider, un dirigente con historial en la Cámara alta. Por el otro, las autoridades paraguayas mantienen que la causa se sustanciará con absoluto apego a la normativa local.
En el ámbito político interno, el peronismo entrerriano evita pronunciarse hasta tener el veredicto judicial, mientras que la oposición cuestiona al oficialismo por supuesta inacción en materia de corrupción.
7. Próximos pasos procesales
– Designación del Tribunal de Sentencia: se dará a conocer en los próximos días la integración del tribunal que juzgará la causa.
– Fecha de inicio del juicio: la convocatoria a las partes para las primeras audiencias orales podría concretarse hacia finales de septiembre.
– Plazo de sentencia: tras la etapa de alegatos, el fallo se espera antes de fin de año.
Mientras tanto, la defensa estudia recurrir a instancias internacionales en caso de condena, invocando nuevamente garantías procesales y la protección de derechos políticos bajo convenios de la OEA.
