La provincia de Buenos Aires volverá a la Justicia para exigir el pago de deudas previsionales, obras inconclusas y programas nacionales paralizados; la causa se suma a una avalancha de litigios de otros distritos que amenaza el equilibrio fiscal del Gobierno de Javier Milei.
Un paso judicial con impacto político y económico
La Fiscalía de Estado bonaerense presentará este martes un nuevo escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el tribunal se declare competente y convoque a una audiencia en la causa iniciada en abril de 2024. El gobernador Axel Kicillof y su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, responsabilizan al Ejecutivo nacional por una deuda —actualizada a junio de 2025— de $12,1 billones, compuesta por giros previsionales de ANSES, fondos destinados a infraestructura y la interrupción de numerosos programas federales.
“Se va a pedir que la Corte se expida y fije audiencia, tal como lo hizo con Córdoba y Santa Fe”, adelantó Bianco desde la Casa de Gobierno en La Plata. A su lado, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, elevó el tono de la crítica: “El Gobierno nacional se roba la plata de la provincia; dibujan un superávit trucho”, lanzó, en clara alusión a la bandera de equilibrio fiscal que enarbola la administración libertaria de Javier Milei.
Cómo se compone la deuda reclamada
El informe oficial desglosa tres grandes bloques:
- Deudas directas: $3 billones por aportes previsionales a la Caja provincial, compensaciones fiscales, recursos para salud y educación, y convenios de asistencia financiera.
- Obras públicas comprometidas: $6,9 billones correspondientes a planes de vivienda (Procrear, Casa Propia + Reconstruir), infraestructura hospitalaria, convenios con universidades nacionales y proyectos del Fondo de Integración Socio-Urbana.
- Programas nacionales interrumpidos: $2,2 billones por la suspensión del FONID, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal del Conurbano, el Fondo Compensador del Transporte, Potenciar Trabajo, planes alimentarios y otros programas sociales.
La metodología de cálculo —explicó el Ministerio de Gobierno bonaerense— contempló valores actualizados por inflación y verificó la ejecución presupuestaria a través de la SIGEN y la Oficina Nacional de Presupuesto. La paralización del Fondo Nacional de Incentivo Docente, por ejemplo, recortó en promedio un 10 % del salario inicial de 1,6 millones de maestros y demoró el inicio de clases de 2024 en varios distritos.
El antecedente de Córdoba y Santa Fe
El reclamo bonaerense se apoya en fallos recientes. En diciembre de 2021, la Corte condenó al Estado nacional a pagar $86.000 millones a Santa Fe por quitas indebidas de coparticipación. En julio de 2025, tras otra sentencia favorable, Córdoba anunció un aumento del 84 % en las jubilaciones mínimas financiado con los fondos que la Nación adeudaba a su Caja Previsional. Para la provincia mediterránea, el fallo significó un alivio fiscal y político; para el Tesoro nacional, el precedente de un pasivo que puede multiplicarse.
El máximo tribunal tiene ahora más de una decena de demandas provinciales que, sin actualizar, ya superan $1,8 billones. La estrategia bonaerense busca que su expediente avance en el mismo carril procesal que los de Córdoba y Santa Fe, con la expectativa de una definición antes de las elecciones legislativas de octubre.
La respuesta de la Casa Rosada: disciplina fiscal y críticas al “gasto provincial”
Desde el Gobierno central evitan pronunciarse sobre cada caso puntual, pero el mensaje es inequívoco. “No se puede hacer magia con los números”, dijo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al apuntar a la “falta de ajuste” en varias gobernaciones y ratificar como prioridad el superávit primario. En enero, el ministro de Economía, Luis Caputo, había reclamado que las provincias “repliquen” la baja de impuestos antes de exigir más transferencias.
Ese discurso contrasta con un estudio independiente que registra una caída real del 10 % en la coparticipación y del 78 % en las transferencias discrecionales durante 2024, con Buenos Aires entre las más afectadas (-10,9 %). Economistas de IARAF y CEPA advierten que la merma de recursos federales explica buena parte de las urgencias provinciales y expone la fragilidad del federalismo fiscal vigente.
El costo fiscal potencial para la Nación
Si la Corte fallara a favor de Buenos Aires, el Tesoro afrontaría el pago en un contexto de vencimientos de deuda en pesos que ya presionan la caja nacional. Un informe del estudio EcoGo calcula que cada punto del PBI destinado a saldar deudas provinciales obligaría a recortar gasto primario o a elevar impuestos, un escenario políticamente costoso en pleno calendario electoral. El Fondo Monetario Internacional, que monitorea de cerca el ajuste libertario, ha sugerido preservar la inversión social mínima para evitar “fatiga reformista” y tensiones sociales.
Perspectiva histórica
La puja por los recursos no es nueva. Entre 2016 y 2021, la Corte dictó al menos cinco sentencias sobre coparticipación y financiamiento previsional. El antecedente más resonante fue la disputa de la Ciudad de Buenos Aires, que obligó al Estado a restituir parte de los fondos recortados en 2020. Constitucionalistas como Daniel Sabsay sostienen que la Carta Magna impone un “principio de automaticidad” en las transferencias previsionales, pero advierten que el Tribunal suele privilegiar acuerdos políticos antes que ordenar embargos masivos; una señal de que la Corte podría terminar forzando una negociación y no un pago inmediato.
Consecuencias para la gobernabilidad y la campaña
En paralelo, cinco gobernadores de signo diverso lanzaron la alianza “Grito Federal” para reclamar “cambios en la distribución de recursos y mayor autonomía”, movimiento que complica el tablero parlamentario del oficialismo y alinea a Córdoba, Santa Fe y otras jurisdicciones detrás de demandas similares.
La nueva embestida bonaerense, entonces, tiene un doble filo: fortalece a Kicillof ante su base electoral —mostrándolo como defensor del “interior productivo”—, pero añade presión a un sistema judicial saturado y coloca bajo la lupa el plan de ajuste de Milei, que depende de la contención del gasto y de una emisión monetaria acotada.
CIERRE
La presentación que Buenos Aires hará ante la Corte Suprema es mucho más que un trámite contable. Reactiva la histórica tensión entre la mayor provincia del país y el Poder Central, se apoya en fallos recientes que favorecieron a otros distritos y se inscribe en una pulseada política que trasciende los despachos judiciales. Con una deuda reclamada equivalente a casi dos meses de recaudación nacional y con múltiples provincias en fila por sentencias similares, el máximo tribunal se encuentra ante la disyuntiva de arbitrar un nuevo esquema de federalismo fiscal o de avalar, caso por caso, un drenaje de recursos que amenaza la arquitectura financiera del Gobierno. Las próximas semanas serán decisivas: de la velocidad —o la cautela— con que la Corte actúe dependerá no solo el oxígeno de las arcas bonaerenses, sino también la sostenibilidad del ajuste con el que Javier Milei busca anclar su proyecto económico.
