Cumbre nacional por el conflicto pesquero: el Gobierno busca destrabar la temporada de langostino y evitar un colapso económico en la costa atlántica

Con la ministra Pettovello a la cabeza, el Ejecutivo convocó a una reunión clave para acercar posiciones entre sindicatos y empresarios, y reactivar una industria estratégica paralizada hace más de diez meses.

Una reunión que marca un giro en la gestión del conflicto

En un momento crítico para la economía regional y nacional, el Gobierno argentino dio un paso relevante al intervenir directamente en el prolongado conflicto que afecta a la industria pesquera del langostino, uno de los principales motores exportadores del país. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, encabezó una reunión de alto nivel en su despacho con actores clave del sector con el objetivo de reencauzar las negociaciones entre gremios y cámaras empresarias y destrabar la zafra de langostino, paralizada desde hace más de diez meses.

El encuentro —que tuvo lugar en la sede ministerial— contó con la presencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero; el subsecretario de Pesca de la Nación, Juan Antonio López Cazorla; y el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo Federal Pesquero, Martín Fernández. El gobierno, consciente del deterioro económico que genera la inactividad pesquera, busca evitar una crisis mayor que afecte a miles de familias que dependen directa o indirectamente de la actividad marítima.

Langostino congelado: una industria varada y en crisis

La flota congeladora tangonera, especializada en la pesca de langostino en aguas nacionales, permanece amarrada desde hace más de diez meses debido a una severa disputa entre los gremios de marineros —SOMU y SIMAPE— y las cámaras empresarias que agrupan a los armadores. El conflicto se originó por diferencias estructurales en torno a los costos de operación, condiciones laborales, niveles salariales y rentabilidad del negocio.

Los empresarios alegan que el modelo actual resulta inviable ante la presión impositiva, el aumento de costos logísticos y la baja competitividad frente a mercados internacionales. Los gremios, por su parte, denuncian recortes y precarización en las condiciones de trabajo. El diálogo, aunque intermitente, nunca se cortó del todo, pero hasta ahora no ha producido resultados concretos.

Mientras tanto, los puertos del sur bonaerense, Chubut y Santa Cruz ven pasar semanas enteras sin actividad, y la incertidumbre crece entre estibadores, fileteros, transportistas y comunidades costeras enteras que dependen de la pesca.

El Estado como mediador: firmeza institucional y neutralidad negociadora

La intervención directa de la ministra Pettovello marca un cambio de actitud del Gobierno nacional, que hasta el momento había evitado involucrarse de manera activa. Según trascendió, la convocatoria surgió por instrucción directa del Ejecutivo y no fue producto de presiones externas ni iniciativas sectoriales.

Durante la reunión, Pettovello escuchó a las partes y transmitió —según fuentes presentes— la necesidad urgente de arribar a un entendimiento que permita reanudar la actividad. Sin embargo, el Gobierno mantuvo su postura de no imponer condiciones ni medidas de intervención forzosa. El rol asumido es el de facilitador institucional, apelando a la responsabilidad de los actores involucrados.

“No se puede permitir que la pesca del langostino, una de las más valiosas en términos de exportación y empleo, siga varada indefinidamente”, expresó un alto funcionario de la cartera, bajo condición de anonimato.

Impacto económico y social de una parálisis prolongada

El conflicto no solo tiene implicancias laborales. La pesca del langostino representa uno de los sectores exportadores más dinámicos del país, con ventas al exterior por más de USD 1.000 millones anuales, principalmente a mercados como España, China e Italia.

La inactividad genera una caída directa en las exportaciones argentinas, afecta el ingreso de divisas y deteriora la recaudación fiscal. Pero el impacto más inmediato y tangible se observa en las ciudades portuarias, donde la economía se articula en torno al ritmo de la flota: Puerto Madryn, Rawson, Comodoro Rivadavia, Mar del Plata, Camarones y Puerto Deseado son algunas de las localidades donde el conflicto golpea con fuerza.

En estas comunidades, el trabajo en muelles, plantas de procesamiento y servicios conexos ha disminuido drásticamente. En algunos casos, más del 70% de la actividad económica depende del funcionamiento normal de la zafra. El efecto multiplicador de la pesca sobre otras actividades —desde gastronomía hasta transporte y comercio minorista— agrava el cuadro.

Se abre una última ventana de negociación

Fuentes del sector afirman que, como resultado de la cumbre ministerial, podría concretarse en los próximos días una nueva instancia de diálogo —posiblemente la última antes del colapso definitivo de la temporada 2025— para alcanzar un acuerdo entre las partes. Aunque no hay confirmación oficial, se baraja la posibilidad de una mesa ampliada con participación gubernamental y presencia simultánea de todos los actores.

Lo que está en juego no es solo una campaña productiva, sino la estabilidad de una industria que históricamente ha sido emblema de empleo genuino, divisas y desarrollo regional. Las partes, aseguran los interlocutores, son conscientes de que no llegar a un acuerdo implicaría pérdidas económicas irrecuperables.

Puentes que aún no se han roto

A pesar de las declaraciones confrontativas de las últimas semanas, tanto los gremios como los empresarios han mantenido contactos informales. Existen conversaciones privadas que no han trascendido públicamente, y señales de voluntad de resolver el conflicto antes de que la temporada quede definitivamente perdida.

Desde ambas veredas reconocen que la prolongación del conflicto perjudica a todos por igual. El Gobierno apuesta a que, en este nuevo contexto de presión institucional y visibilidad mediática, se produzca un giro que allane el camino para un acuerdo.

Cierre

El conflicto pesquero argentino entra en una fase decisiva. La intervención del Ejecutivo nacional, encabezada por la ministra Pettovello, introduce un nuevo escenario que podría ser determinante para el futuro inmediato de la zafra del langostino. Con puertos detenidos, trabajadores en vilo y un sector estratégico paralizado, el tiempo corre y la urgencia se intensifica.

En las próximas semanas, el éxito o fracaso de las negociaciones marcará no solo la suerte de una temporada productiva, sino también el rumbo de una industria clave para el desarrollo económico del país. La pesca del langostino, símbolo de riqueza natural y esfuerzo humano, espera una resolución. La ventana aún está abierta. Pero no por mucho tiempo.