La ministra de Seguridad nacional cuestionó al gobernador bonaerense por separar de sus cargos a varios jefes policiales presuntamente vinculados a un excomisario alineado con La Libertad Avanza. La medida generó un fuerte cruce político en medio de un clima de creciente tensión institucional.
Un nuevo enfrentamiento entre Nación y Provincia
En un nuevo episodio de tensión política entre el gobierno nacional y la administración de la provincia de Buenos Aires, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lanzó duras críticas contra el gobernador Axel Kicillof por la cesantía de 24 jefes policiales bonaerenses. Según denunció Bullrich, los oficiales fueron desplazados de sus funciones por su presunta simpatía política con Maximiliano Bondarenko, un excomisario que encabezará la lista de La Libertad Avanza en la quinta sección electoral.
“Pura persecución política”, escribió Bullrich en su cuenta oficial de X (ex Twitter), calificando la decisión del mandatario bonaerense como “una locura total” y acusándolo de tomar partido “a favor de los delincuentes”.
¿Quién es Maximiliano Bondarenko?
Bondarenko, el eje del conflicto, es un excomisario mayor de la policía bonaerense que, tras su retiro, decidió incursionar en la política. En las últimas semanas, su candidatura por La Libertad Avanza —el espacio libertario que lidera el presidente Javier Milei— generó movimientos internos en las fuerzas de seguridad de la provincia.
Fuentes extraoficiales señalaron que un grupo de oficiales activos habría manifestado apoyo al excomisario mediante reuniones informales y redes internas. Esto motivó una investigación interna por parte del Ministerio de Seguridad bonaerense, que terminó con la cesantía de 24 altos mandos, algunos de ellos con décadas de servicio.
La respuesta de la provincia
Hasta el momento, el gobierno de Axel Kicillof no emitió un comunicado oficial detallado sobre el hecho, aunque voceros cercanos a la administración provincial afirmaron que las cesantías se deben a “conductas incompatibles con la función policial” y no a motivos políticos. Según indicaron, se estaría investigando la presunta utilización de recursos de la fuerza para promover actividades proselitistas, lo cual violaría la Ley de Ética Pública y los reglamentos internos de la institución.
“Un policía activo no puede hacer campaña política ni organizar actos para apoyar a candidatos, sea cual sea el partido”, explicaron desde el entorno del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.
El cruce político en escalada
Las declaraciones de Bullrich se enmarcan en una serie de críticas recurrentes al gobierno de Kicillof por su política de seguridad. La ministra sostuvo que “no echó a los que atacaron a TN, ni a los que agredieron al diputado Espert”, en referencia a incidentes anteriores que involucraron a grupos de manifestantes.
En ese sentido, Bullrich acusó al gobernador de mantener una actitud “permisiva” frente a los delincuentes y “represiva” hacia quienes, según su visión, “ponen el cuerpo todos los días para cuidar a los ciudadanos”.
Por su parte, desde el gobierno bonaerense evitaron entrar en un ida y vuelta directo con la ministra, pero fuentes del oficialismo expresaron “preocupación” por lo que consideran una “injerencia política indebida” en el manejo de la fuerza provincial. “La Policía Bonaerense responde a la Constitución y a las leyes de la provincia, no al juego electoral de la Nación”, enfatizó un legislador cercano al gobernador.
Antecedentes y contexto
No es la primera vez que se genera tensión entre Nación y Provincia por el manejo de las fuerzas de seguridad. En febrero de este año, hubo un cortocircuito entre ambos gobiernos cuando Bullrich propuso una reforma de las policías provinciales sin consensuar con los gobernadores.
Asimismo, la discusión ocurre en un contexto de creciente politización de las fuerzas de seguridad en todo el país, un fenómeno que preocupa a especialistas en derecho constitucional y seguridad pública. “El principio de obediencia, neutralidad y profesionalismo es esencial en cualquier cuerpo policial. El uso partidario de estas estructuras erosiona la institucionalidad”, advirtió en su momento el exministro de Seguridad bonaerense, Marcelo Sain.
Consecuencias posibles
Analistas políticos advierten que el cruce entre Bullrich y Kicillof podría tener implicancias más profundas. Por un lado, profundiza la grieta entre el oficialismo provincial y el gobierno nacional, dificultando la coordinación en temas clave como operativos conjuntos y programas de prevención del delito.
Por otro, podría abrir un debate parlamentario sobre el grado de autonomía de las fuerzas provinciales y la legalidad de las cesantías cuando se sospecha participación política de sus integrantes.
Reacciones diversas
Organizaciones de derechos humanos y gremios policiales manifestaron posturas encontradas. Mientras la Asociación de Policías Retirados apoyó a los jefes cesanteados y denunció “censura ideológica”, desde organismos como el CELS remarcaron que “la actividad política de funcionarios policiales activos va en contra de la ética democrática”.
El debate sobre el rol de las fuerzas de seguridad en contextos electorales vuelve así a instalarse en el centro de la escena, en un año marcado por la creciente polarización y las disputas partidarias que se filtran en todas las instituciones.
Cierre
El conflicto entre Patricia Bullrich y Axel Kicillof revela las profundas tensiones políticas en torno a la seguridad pública en la Argentina. Más allá del cruce de acusaciones, la situación plantea preguntas relevantes sobre los límites de la neutralidad institucional, la libertad de expresión de los funcionarios públicos y la relación entre las fuerzas de seguridad y los proyectos partidarios. En los próximos días, se espera que la provincia brinde más detalles sobre las causas de las cesantías, mientras el debate promete escalar tanto en el terreno político como en el judicial.
