La Cámara Federal confirmó el procesamiento de la legisladora electa y ex diputada del Frente de Izquierda. El fallo considera que sus publicaciones en redes sociales excedieron los límites de la libertad de expresión y constituyeron un acto de incitación al odio.
Un fallo unánime que marca posición judicial
La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó por unanimidad el procesamiento de Vanina Biasi, ex diputada nacional y legisladora electa de la Ciudad de Buenos Aires, acusada del delito de incitación a la discriminación. La causa se originó por una serie de publicaciones en la red social X (antes Twitter), en las que comparó al Estado de Israel con el régimen nazi y utilizó expresiones que, según la Justicia, reproducen estigmas del antisemitismo moderno.
El fallo, firmado por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, ratifica la decisión del juez federal Daniel Rafecas y mantiene vigente un embargo de 10 millones de pesos sobre los bienes de Biasi. Entre las pruebas centrales figuran dictámenes del Centro Simón Wiesenthal, testimonios de expertos en antisemitismo y presentaciones del Museo del Holocausto de Buenos Aires.
Los mensajes bajo investigación
Entre noviembre de 2023 y enero de 2024, Biasi publicó al menos ocho mensajes en su cuenta @vaninabiasi. En uno de ellos escribió: “Los nazis sionistas necesitan destruir la ayuda humanitaria de la UNRWA para que el exterminio se acelere”, y en otro sostuvo que “el estado sionista es nazi por sus prácticas y su ideología”. También calificó al Estado de Israel como “fascista” y denunció sus acciones militares en Gaza como “colonialismo, racismo, exterminio y desplazamiento”.
Según la Cámara, el uso reiterado de terminología vinculada a crímenes históricos contra el pueblo judío trasciende el marco de una crítica política legítima y se convierte en un acto que incita al odio y la discriminación.
La ley 23.592 y sus alcances
El delito atribuido a Biasi se enmarca en el artículo 3 de la Ley 23.592, conocida como Ley Antidiscriminatoria, que sanciona a quien “arbitrare medios destinados a impedir, estorbar o restringir el pleno ejercicio de los derechos y garantías reconocidos” por motivos de religión, raza, nacionalidad, ideología, entre otros. En Argentina, esta norma ha sido aplicada tanto en casos de discursos públicos como en expresiones difundidas por redes sociales.
En 2016, por ejemplo, la Justicia condenó a un usuario de Facebook por comentarios antisemitas, mientras que en 2022 se procesó a un dirigente barrial por mensajes contra la comunidad gitana.
Los argumentos de la defensa
La defensa de Biasi, respaldada por organizaciones de derechos humanos y redes de juristas, sostiene que el proceso constituye un ataque a la libertad de expresión y que sus críticas se dirigieron exclusivamente a la política del Estado de Israel, no al pueblo judío. La legisladora distingue entre antisionismo y antisemitismo, y considera que se está criminalizando una opinión política.
En su apelación, presentó informes de historiadores e investigadores y recibió apoyo en calidad de amicus curiae de entidades como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
El debate sobre los límites de la expresión política
El tribunal reconoció que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero recordó que no es absoluto. “En el ecosistema digital, los mensajes pierden especificidad, masificándose y descontextualizándose, llegando a públicos diversos que reciben el mensaje desde marcos culturales, ideológicos y emocionales diferentes”, señaló el juez Llorens en su voto.
Bruglia y Bertuzzi añadieron que la banalización de eventos de extrema gravedad histórica, como el Holocausto, constituye un acto de estigmatización que afecta a toda la comunidad judía, dado que Israel es el único Estado judío en el mundo.
Perspectivas procesales
Con la confirmación del procesamiento, la causa podría ser elevada a juicio oral si el juez Rafecas considera cerrada la instrucción. La pena prevista para el delito de incitación a la discriminación es de uno a tres años de prisión, excarcelable, pero el debate judicial podría tener repercusiones más allá del caso particular, sentando precedentes sobre los límites del discurso político en redes sociales.
CIERRE:
La decisión de la Cámara Federal reabre el debate sobre hasta dónde llega la libertad de expresión cuando se cruzan discursos de fuerte carga histórica y religiosa. El futuro judicial de Vanina Biasi se definirá en un juicio que podría convertirse en un caso testigo para el tratamiento de expresiones políticas en el entorno digital y su relación con la legislación antidiscriminatoria en Argentina.
