La fiscal María Constanza Mandagarán encabezó un operativo contrarreloj que permitió detener a los dos presuntos autores del asesinato de Matheo Bonifacio Sánchez y las graves lesiones a su hijo. El caso reabre el debate sobre la escalada de entraderas violentas y la necesidad de reforzar la investigación criminal en Mar del Plata.
Una noche de terror que paralizó a la ciudad
El 21 de julio, pasadas las 23, las sirenas irrumpieron en el silencio del barrio Juramento. En la vivienda de Don Orione al 2300 se habían escuchado detonaciones y gritos desgarradores: el albañil Matheo Bonifacio Sánchez, de 63 años, yacía gravemente herido; su hijo Lucas Matías, de 34, había caído minutos después al intentar defenderlo. Ambos recibieron disparos a muy corta distancia. Matheo murió en el Hospital Interzonal; Lucas sobrevivió, pero quedó paralizado de cintura para abajo.
El hecho no fue un episodio aislado. Esa misma noche se registraron otros dos asaltos armados en la ciudad. Sin embargo, la brutalidad aplicada en Juramento —donde los atacantes se abrieron paso rompiendo un vidrio y avanzaron hasta la parte trasera del terreno— colocó el caso en la cima de las prioridades judiciales.
Una fiscalía en modo “urgencia”
Con los peritos aún trabajando sobre los casquillos hallados, la titular de la Unidad de Instrucción Fiscal Nº 4, María Constanza Mandagarán, reunió a su equipo a la madrugada. Las primeras 48 horas son cruciales: los testigos recuerdan mejor, las evidencias forenses están frescas y los sospechosos todavía creen posible escapar. Mandagarán dividió las tareas:
- Videos y domos: se extrajeron registros de cámaras públicas y privadas en un radio de diez cuadras.
- Puerta a puerta: dos ayudantes fiscales recorrieron casa por casa en busca de testigos.
- Inteligencia telefónica: una brigada analizó antenas y cruces de llamadas entre líneas vinculadas a delitos patrimoniales.
Un giro clave fue la declaración de un testigo de identidad reservada, quien aportó los nombres Alan Díaz (26) y Lucas Santiago “El Tucumano” Jerez (33). Ambos habían vivido tiempo atrás en el mismo predio que la familia Sánchez y, según vecinos, habían vuelto en varias ocasiones para sustraer objetos de valor.
Allanamientos y hallazgos comprometedores
El 24 de julio, con la orden del Juzgado de Garantías Nº 1, la DDI irrumpió en una vivienda de Güiraldes al 4200, donde residía la hermana de Díaz. Allí incautaron:
- Una escopeta recortada calibre 28 con un cartucho percutado.
- Cinco vainas calibre 22 y dos vainas calibre 9 mm.
- Ropa con manchas hemáticas —entre ellas una campera negra de Aldosivi— coincidente con la descripción de los agresores.
- Una motocicleta Bajaj Rouser 125 denunciada como robada en enero.
Los peritajes de balística preliminar indicaron que la escopeta había sido disparada y que los proyectiles calibre 22 coincidían con uno de los utilizados contra los Sánchez.
Las detenciones
La difusión del identikit de Díaz aceleró la presión social y mediática. El 25 de julio, agentes encubiertos lo arrestaron en el barrio Nuevo Golf mientras intentaba refugiarse en la casa de una amiga. Al día siguiente se negó a declarar.
Quedaba un prófugo: Jerez, señalado como el tirador. Con la venia de la fiscal, su rostro y nombre circularon por todos los canales. La estrategia funcionó: el 28 de julio, Jerez fue capturado en la villa Vértiz sin ofrecer resistencia. También optó por guardar silencio ante la imputación de “homicidio agravado por uso de arma de fuego en ocasión de robo en concurso ideal con robo triplemente agravado y lesiones gravísimas”.
Perfil de los acusados
Díaz y Jerez tienen antecedentes por robos con violencia. Díaz purgó una pena condicional en 2022 por un asalto a mano armada; Jerez registra causas por portación ilegal de arma y amenazas. La fiscalía sospecha que integraban una banda dedicada a “entraderas”: ataques breves, planificados, con armas de fuego y motocicletas de alta cilindrada para huir.
Impacto en la comunidad
El barrio Juramento —un enclave residencial de clase trabajadora— organizó una serie de vigilias y marchas de antorchas. “No queremos otra familia destruida”, reclamó Daiana Sánchez, hija de la víctima, durante una concentración frente a Tribunales. Comerciantes de la zona reportaron una caída del 15 % en las ventas nocturnas desde el crimen, según el Centro de Comerciantes de la avenida Juan B. Justo.
Una tendencia al alza
Datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana indican que las entraderas aumentaron un 18 % en el primer semestre de 2025 en Mar del Plata, mientras los homicidios vinculados a robos crecieron un 12 %. Las autoridades provinciales reconocen un déficit de patrullaje en franjas horarias críticas y trabajan en la incorporación de tecnología de reconocimiento de matrículas.
Próximos pasos judiciales
La fiscal Mandagarán anticipó que pedirá la prisión preventiva de ambos imputados. Quedan pendientes:
- La reconstrucción virtual del hecho con la víctima sobreviviente.
- El cotejo de ADN de las manchas de sangre encontradas en la ropa secuestrada.
- La pericia sobre proyectiles extraídos en cirugía a Lucas Sánchez.
De confirmarse todas las pruebas, Díaz y Jerez podrían enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión.
Cierre
El veloz esclarecimiento del crimen de Matheo Sánchez demuestra cómo la combinación de tecnología, testimonios protegidos y decisión fiscal puede revertir la sensación de impunidad. Sin embargo, la estadística de entraderas violentas advierte que la respuesta penal, por sí sola, no alcanza. Mientras la familia Sánchez asimila la tragedia y clama por justicia, el barrio Juramento —y toda Mar del Plata— vuelven a plantearse la pregunta de fondo: ¿cómo frenar una cadena de violencia que golpea cada vez con más crueldad a los hogares trabajadores?
