La detención domiciliaria del exmandatario brasileño y la amenaza de un arancel adicional del 50 % por parte de Washington tensan el clima empresarial en Brasil, que exige un plan de contingencia ante la posible paralización de exportaciones.
Un giro político que sacude la economía
El lunes 4 de agosto de 2025, el magistrado Alexandre de Moraes dictó la prisión domiciliaria del ex presidente Jair Bolsonaro, un hecho que sorprendió a los mercados y puso en alerta a las empresas brasileñas con fuerte presencia en Estados Unidos. La medida ocurre en medio de una disputa arancelaria que amenaza con gravar con un 50 % adicional a buena parte de las ventas brasileñas al territorio estadounidense.
Estados Unidos condicionó la suspensión de ese gravamen a que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva intervenga en el proceso judicial contra Bolsonaro. La Casa Blanca sostiene que la acción penal contra el exmandatario afecta la seguridad jurídica y, por ende, el tratamiento arancelario de los productos.
El nerviosismo del sector productivo
“Este es un momento de hibernación, porque cualquier chispa puede desatar el escenario en su totalidad. Todos tenemos los nervios a flor de piel”, confió José Augusto de Castro, presidente de la Asociación de Comercio Exterior de Brasil. Las empresas que quedaron fuera de la lista de exenciones se enfrentan a la urgencia de buscar nuevos mercados o ajustar precios para no perder competitividad.
Hasta el momento, Brasil ha logrado eximir de la medida arancelaria al 65 % de sus exportaciones destinadas a Estados Unidos mediante un listado de 694 productos. Aun así, el 35 % restante, que incluye artículos como pescado, frutas y autopartes, corre el riesgo de encarecerse hasta un 50 %, lo que repercutiría en el empleo y la cadena de valor nacional.
La voz del Gobierno y la consulta a la OMC
El vicepresidente y responsable de las negociaciones con Washington, Geraldo Alckmin, aseguró que Brasil defenderá su soberanía “dentro de las reglas del comercio internacional” y anunció que el Ejecutivo presentará una consulta ante la Organización Mundial del Comercio para impugnar el arancel estadounidense. La decisión final de recurrir a la OMC quedará en manos del presidente Lula, una vez evaluadas las implicaciones políticas y fiscales.
En paralelo, Alckmin confirmó que el gobierno ultima un plan de contingencia para respaldar a los sectores más afectados: líneas de crédito blandas a través del BNDES, incentivos al consumo interno de bienes antes exportados y compras prioritarias para el Sistema Único de Salud (SUS).
Impacto sobre el comercio bilateral
Según datos oficiales, Estados Unidos absorbe el 12,5 % de las exportaciones brasileñas. De ese total, el 35 % corre el riesgo de sufrir el arancel del 50 %, lo que implicaría una caída promedio de ingresos de hasta 20 % para las industrias afectadas. El golpe sería especialmente duro en las pymes, que carecen de redes alternativas de comercialización.
Además, el Gobierno brasileño trabaja en la reapertura de mercados como Reino Unido y la Unión Europea para productos sensibles –especialmente pescados– que han perdido competitividad tras el incremento arancelario en EE.UU.
Riesgos y posibles escenarios
Analistas del sector advierten que, de no consensuarse una solución diplomática, varias empresas deberán redirigir hasta un tercio de sus exportaciones a mercados con menores volúmenes de consumo o enfrentar descuentos de precio para conservar participación. A corto plazo, esto podría traducirse en ajustes de personal y reestructuración de cadenas de suministro.
En el plano político, la presión de Washington sobre la justicia brasileña genera inquietud sobre la independencia del Poder Judicial. La Casa Rosada de Brasil rechaza, sin embargo, cualquier injerencia externa en sus decisiones internas.
Antecedentes y lecciones aprendidas
No es la primera vez que Brasil enfrenta barreras arancelarias en Estados Unidos. En 2019, productos siderúrgicos brasileños recibieron recargos de hasta el 25 % en el marco de disputas de dumping. En aquella ocasión, la respuesta incluyó negociaciones bilaterales y la diversificación de destinos de exportación.
El actual episodio, empero, suma el ingrediente político de la detención de Bolsonaro, lo que eleva el grado de incertidumbre y la necesidad de un reclamo formal ante la OMC.
CIERRE
La combinación de un conflicto político interno y una disputa arancelaria histórica pone a prueba la resiliencia del sector exportador brasileño. Mientras Lula y Alckmin negocian en Washington y preparan la ofensiva ante la OMC, las empresas aguardan un paquete de emergencia que les permita capear el temporal y mantener empleos. La reciente detención de Bolsonaro podría convertirse, más allá de su significado judicial, en el detonante de un reacomodamiento de las relaciones comerciales entre las dos mayores economías de América.
