Tras cinco meses de conflicto, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) se impuso en la disputa contra las cámaras pesqueras, resistiendo todo intento de modificar el convenio colectivo. La inactividad alcanzará a más de 100 barcos y amenaza con dejar a miles de tripulantes sin ingresos hasta marzo del próximo año.
Una negociación paralizada y un gremio que no cedió
La temporada 2025 de pesca de langostino en aguas nacionales entra en una fase crítica. Las negociaciones entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), las cámaras empresarias de buques congeladores tangoneros y el Estado nacional fracasaron estrepitosamente tras meses de discusiones sin resultados. En ese marco, el sindicato se mantuvo firme en su rechazo a cualquier modificación del convenio colectivo, lo que llevó a las cámaras a desistir de nuevos intentos de diálogo.
En declaraciones previas, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, había señalado que su cartera mantenía “una excelente relación con la mayoría de los gremios”, diferenciando a aquellos con posturas netamente gremiales de otros “emparentados con partidos políticos”, en clara alusión al SOMU. Esta postura anticipaba la ruptura que se terminó de consumar en las últimas semanas, cuando la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello, ordenó suspender cualquier intento de volver a reunir a las partes en una mesa de negociación.
La victoria del “No a la baja” y sus consecuencias
El gremio logró lo que se propuso: impedir que se modifique el convenio, ni siquiera de forma temporal, para garantizar la salida de los buques. Esto fue interpretado por las empresas como una estrategia con fines políticos, buscando llegar a diciembre —mes de elecciones gremiales— sin haber hecho concesiones que pudieran debilitar la imagen del sindicato ante sus bases.
Aunque algunos sectores del sindicalismo y la oposición interna celebran esta resistencia como una “victoria política”, el precio es alto. Más de cien buques congeladores permanecerán amarrados, y miles de marineros quedarán sin trabajo durante varios meses. Se estima que la mayoría de ellos no recibirá ingresos por producción hasta marzo de 2026, sobreviviendo solo con un sueldo básico que ronda los 500.000 pesos.
Los tripulantes relevistas, que esperan ser llamados a embarcar, estarán en una situación aún más crítica: sin ingresos fijos ni certeza de actividad. En un contexto económico recesivo y con aumentos sostenidos en el costo de vida, esta paralización amenaza con empujar a cientos de familias del sector a una situación de vulnerabilidad.
La presión de las cámaras empresarias y la retirada del Estado
Las cámaras empresarias aseguraron que el rechazo del SOMU al convenio que sí aceptaron los gremios de maquinistas y capitanes fue el punto final en las negociaciones. Desde su perspectiva, resultaba insostenible mantener la estructura actual de costos sin una adecuación que permitiera salir a pescar en condiciones más competitivas, en un mercado internacional marcado por precios bajos y costos crecientes.
Ante la falta de avances, las empresas solicitaron al Consejo Federal Pesquero que autorice la justificación formal de la inactividad de los buques, lo que les permitiría evitar sanciones por no salir a realizar una marea dentro de los 180 días reglamentarios. De obtener una respuesta favorable, gran parte de la flota quedará inactiva por al menos ocho meses, alterando la dinámica productiva y comercial del sector.
El Estado, por su parte, optó por retirarse de la mediación. Pettovello habría transmitido al subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, que no intervendrá nuevamente hasta que las partes lleguen a un acuerdo por sí mismas. La desarticulación institucional refuerza el estancamiento del conflicto.
La amenaza de violencia interna
En paralelo al conflicto gremial y empresarial, comenzaron a surgir denuncias por amenazas a tripulantes dispuestos a firmar acuerdos particulares para salir a pescar. Aunque las autoridades del SOMU desestimaron las acusaciones y negaron participación directa en estos episodios, la falta de un pronunciamiento contundente por parte de su secretario general, Raúl Durdos, generó inquietud tanto en empresas como en otros gremios del sector.
A pesar de que las fuerzas de seguridad ofrecieron garantías para proteger a los trabajadores que decidieran embarcar, el temor a represalias internas disuadió a muchos de hacerlo. La violencia simbólica y verbal, sumada a la presión dentro de los muelles, dejó sin efecto la posibilidad de que algunos buques retomaran la actividad mediante acuerdos individuales.
El impacto económico del conflicto
El langostino representa una de las principales fuentes de ingreso de la pesca nacional. La parálisis de la flota congeladora, uno de los sectores más tecnificados y con mayor capacidad exportadora, podría impactar de forma severa en la balanza comercial y en las economías regionales costeras.
Se estima que la actividad de estos buques genera ingresos anuales por encima de los 600 millones de dólares. La pérdida de una temporada completa no solo afectará a los trabajadores embarcados, sino también a la cadena productiva: estibadores, plantas de procesamiento, talleres navales, transportistas y puertos verán disminuido su nivel de actividad.
Algunas empresas planean sacar sus barcos solo para cumplir compromisos mínimos, como evitar sanciones por inactividad o cumplir contratos internacionales urgentes. Pero esas salidas puntuales no alcanzarán para compensar el parate masivo.
¿Triunfo sindical o derrota colectiva?
Desde el SOMU y agrupaciones afines como SIMAPE y Patrones, se presenta este desenlace como un logro gremial: resistir la presión patronal y sostener intacto el convenio colectivo. Sin embargo, en los muelles y entre los trabajadores afectados, el clima está lejos de la euforia.
La celebración por la salida aislada de dos buques, mientras más de un centenar permanece amarrado, ha sido un triunfo obtenido a tan alto costo que termina siendo, en los hechos, una derrota para la mayoría.
Cierre
La temporada de langostino 2025 será recordada como una de las más conflictivas y costosas en la historia reciente de la pesca argentina. Si bien el gremio logró evitar una baja salarial, lo hizo al precio de una parálisis masiva que afectará el empleo, la producción y las exportaciones del sector. Con el Estado retirado del conflicto, las cámaras sin margen de maniobra y los trabajadores sin trabajo, el “No a la baja” se convirtió en un lema que resuena con fuerza pero deja a miles de familias en la incertidumbre.
Las próximas semanas serán clave para evaluar si la situación puede destrabarse, pero por ahora, el muelle permanece quieto. Y el silencio de los motores encendidos se traduce, para muchos, en meses sin ingresos.
