La actual concejal de General Pueyrredon enfrenta una denuncia penal por el presunto uso de fondos sindicales para la compra de un departamento particular. La causa se sustenta en una auditoría interna, transferencias bancarias y correos institucionales.
Una denuncia con impacto político y sindical
La concejal Mercedes Morro, quien actualmente transita el final de su mandato sin posibilidad de reelección en el partido de General Pueyrredon, fue denunciada penalmente por presunta malversación de fondos durante su período como secretaria general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) en Mar del Plata. La presentación judicial también involucra a su ex tesorero, Horacio Darío Ocampo, quien actualmente se desempeña en el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc).
La denuncia, radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°10 del Departamento Judicial de Mar del Plata bajo la Investigación Penal Preparatoria (IPP) N°20440-25, fue realizada por la conducción actual del sindicato y se apoya en una auditoría interna que reveló presuntas operaciones irregulares con fondos de la organización.
Un departamento en el centro de la causa
De acuerdo con la documentación presentada ante la Justicia, se detectaron catorce transferencias bancarias efectuadas desde cuentas del sindicato a la empresa constructora Cuarzur Edificios S.A., en concepto de pagos por cuotas de un inmueble ubicado en la calle Salta 3844, pleno barrio La Perla de Mar del Plata. Lo que en principio podría haber sido una inversión institucional del sindicato tomó otro cariz cuando se constató que la propiedad no está a nombre de UTHGRA, sino de la propia Mercedes Morro.
Este hallazgo fue considerado uno de los elementos más comprometedores del expediente. La operación nunca fue informada ni aprobada por la comisión directiva del sindicato, lo que —según la presentación— configura un uso indebido de recursos gremiales en beneficio personal.
Correos electrónicos y pruebas documentales
La denuncia se complementa con correos electrónicos oficiales que refuerzan la hipótesis de una operatoria sistemática de desvío de fondos. Entre ellos, se encuentra un mensaje enviado desde el área de Finanzas del gremio, en el que se gestionan prórrogas y pagos relacionados con una cochera en el mismo edificio. El correo, firmado por el entonces tesorero Darío Ocampo, señala que “hablando con la Sra. Mercedes” se decidió postergar la compra de la cochera hasta marzo “por no poder afrontar los gastos”.
Además, se aportaron facturas de servicios de la empresa EDEA a nombre de Morro, que fueron enviadas a casillas institucionales del sindicato, así como comunicaciones del consorcio del edificio Cuarzur I dirigidas directamente a la concejal. Todos estos elementos, según la acusación, refuerzan la hipótesis de que se utilizó la estructura gremial para fines personales.
Repercusiones internas y reacción del gremio
Desde la conducción actual de UTHGRA Mar del Plata expresaron su preocupación por los hechos denunciados, señalando que se trata de una situación grave que afecta no solo la imagen del gremio, sino también los intereses de los afiliados.
“Este accionar inescrupuloso que daña la honorabilidad de la UTHGRA y de las familias hoteleras y gastronómicas debe tener consecuencias. Confiamos en que la verdad prevalecerá y se hará justicia”, manifestaron de forma institucional. El sindicato solicitó formalmente al Banco Nación un informe detallado de todas las transferencias realizadas a la constructora Cuarzur, así como un allanamiento urgente a la empresa para acceder a la documentación vinculada a la operación inmobiliaria.
Contexto político y final de mandato
Mercedes Morro finaliza este año su mandato como concejal sin posibilidad de renovación, en un contexto marcado por la pérdida de peso político y por un alejamiento progresivo de los espacios de representación sindical que supo ocupar. La denuncia aparece así como un nuevo golpe en su carrera, al colocarla en el centro de una causa que no solo tiene implicancias penales, sino también consecuencias institucionales.
El proceso judicial recién comienza, pero ya se perfila como una causa de alto perfil en la política local. La investigación deberá determinar si los elementos presentados constituyen un delito de malversación de fondos públicos, lo que podría derivar en inhabilitación para ejercer cargos públicos y eventuales sanciones penales.
Antecedentes y legislación aplicable
El delito de malversación de caudales públicos, tipificado en el Código Penal argentino, abarca la utilización indebida de bienes o fondos destinados a la administración pública o a instituciones con fines colectivos. Aunque los sindicatos no integran estrictamente la estructura del Estado, la jurisprudencia ha señalado que los fondos que administran —provenientes de aportes de los trabajadores— deben regirse por principios de transparencia y control.
En casos similares, la Justicia ha considerado agravantes cuando se prueba el uso reiterado y planificado de recursos institucionales para beneficio personal, lo que parece ser uno de los ejes que se investigarán en este expediente.
Siguiente etapa del proceso judicial
Durante las próximas semanas, la Fiscalía deberá evaluar la documentación presentada por el gremio, requerir las pruebas solicitadas y definir si convoca a declaración testimonial a los implicados. En caso de avanzar la investigación, podría formalizarse una imputación penal contra Mercedes Morro y Darío Ocampo.
No se descarta que el expediente derive en un proceso oral si se confirman los elementos constitutivos del delito, lo cual tendría un impacto no solo legal, sino político y mediático. Hasta el momento, ni Morro ni Ocampo realizaron declaraciones públicas sobre la denuncia.
Cierre
La denuncia contra Mercedes Morro por presunta malversación de fondos durante su gestión sindical marca un nuevo capítulo en las tensiones internas del gremialismo marplatense y pone a una figura pública bajo la lupa judicial. Con documentos, transferencias bancarias y correos que, según la acusación, prueban una operatoria irregular, la causa recién comienza pero ya genera impacto político.
Mientras se aguarda la evolución del expediente en la UFI N°10 de Mar del Plata, el caso podría convertirse en un precedente para reforzar la rendición de cuentas dentro de las estructuras gremiales del país, en un contexto donde la transparencia y el uso adecuado de los recursos colectivos son cada vez más demandados por la sociedad.
