Avanza el plan para privatizar AySA, Télam, TV Pública, Trenes Argentinos y otras empresas estatales, pero la comisión bicameral que debe supervisar el proceso aún no se constituyó por falta de acción del Senado.
PRIVATIZACIONES SIN SUPERVISIÓN: UN PROCESO EN MARCHA CON VACÍOS DE CONTROL
El Gobierno nacional continúa impulsando con firmeza su política de desregulación económica, que incluye la privatización o concesión de algunas de las empresas estatales más emblemáticas del país. La medida abarca a entidades estratégicas como Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), Energía Argentina S.A. (Enarsa), Corredores Viales, Intercargo, Trenes Argentinos Cargas y Belgrano Cargas, además de medios públicos como Radio Nacional, la Televisión Pública y la agencia de noticias Télam.
Sin embargo, el proceso presenta una importante falla institucional: la comisión bicameral encargada de supervisar y controlar la implementación de estas privatizaciones aún no está en funciones. Mientras que la Cámara de Diputados ya designó a sus representantes, el Senado de la Nación todavía no avanzó con las nominaciones correspondientes, y el oficialismo no ha emitido convocatoria formal para su constitución.
Este vacío genera inquietud en distintos sectores políticos y sociales, ya que el artículo 8 de la Ley Bases —aprobada por el Congreso en junio— establece que cualquier enajenación de activos estatales debe estar sujeta a la fiscalización de dicha comisión bicameral. La falta de este órgano de control implica que el proceso privatizador podría avanzar sin los mecanismos institucionales previstos para garantizar transparencia y legalidad.
Las empresas en la mira del Gobierno
De acuerdo con la estrategia del Poder Ejecutivo, la venta o concesión de estas empresas busca reducir el déficit fiscal, aumentar la eficiencia operativa y atraer inversión privada. El ministro de Economía, Luis Caputo, había declarado semanas atrás que “el Estado no puede seguir sosteniendo estructuras deficitarias con dinero que no tiene”, en alusión a empresas estatales que, según cifras oficiales, acumulan déficits operativos significativos.
Entre las compañías involucradas, AySA representa un caso sensible, ya que provee servicios esenciales a millones de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Enarsa, por su parte, juega un rol estratégico en la infraestructura energética del país, mientras que Trenes Argentinos Cargas y Belgrano Cargas son fundamentales para el transporte de mercancías en el interior del país.
La eventual privatización de medios públicos como Télam, la TV Pública y Radio Nacional también ha generado fuerte debate. Organizaciones sindicales, agrupaciones de periodistas y referentes del sector alertan sobre el riesgo de vaciamiento de contenidos públicos y pérdida de soberanía comunicacional.
Advertencias desde el Congreso
Diversos legisladores opositores y de bloques federales han manifestado su preocupación por la demora en la conformación de la bicameral. “Es inadmisible que el Ejecutivo avance con las privatizaciones sin que esté operativo el órgano de control que ordena la ley. Esto pone en cuestión la institucionalidad del proceso”, señaló un senador de Unión por la Patria en declaraciones recientes.
Desde el radicalismo también hubo llamados a la responsabilidad institucional. “No se trata solo de privatizar por privatizar. Hay que hacerlo con transparencia, con reglas claras y bajo supervisión parlamentaria”, expresó una diputada del bloque Evolución.
A pesar del receso invernal legislativo, varios sectores insisten en que el debate debe retomarse de forma urgente para evitar que las licitaciones se pongan en marcha sin la debida fiscalización.
Un contexto de ajuste y reconfiguración del Estado
La aceleración del plan privatizador se enmarca en una política económica orientada a reducir el tamaño del Estado, aplicar un fuerte ajuste fiscal y fomentar la inversión privada como motor de crecimiento. Este enfoque, promovido por el presidente Javier Milei, incluye también la eliminación de subsidios, la desregulación de precios y la flexibilización del mercado laboral.
En este contexto, la Ley Bases aprobada a mediados de año habilita al Ejecutivo a reformar o liquidar una treintena de organismos públicos, aunque las privatizaciones más sensibles requieren aprobación específica del Congreso y seguimiento por parte de la bicameral.
La experiencia argentina en privatizaciones durante los años 90, que incluyó procesos polémicos y con escaso control legislativo, funciona como antecedente inevitable en el actual escenario. La falta de transparencia en muchos de aquellos casos, así como la pérdida de control estatal sobre servicios estratégicos, aún generan resistencias en buena parte de la sociedad civil.
Cierre
Mientras el Gobierno avanza en su plan para desestatizar una parte significativa del aparato público, la ausencia de una comisión bicameral activa plantea un serio interrogante sobre la legitimidad institucional del proceso. Con licitaciones que podrían comenzar en las próximas semanas, distintos sectores reclaman que el Senado actúe con celeridad y se conforme el órgano de control previsto por ley. En un momento crítico de redefinición del rol del Estado, el equilibrio entre eficiencia, legalidad y transparencia será clave para evitar errores del pasado y garantizar el interés público en cada paso del camino.
