La medida, celebrada por el ministro Sturzenegger, busca liberalizar la entrada de productos de línea blanca como heladeras y lavarropas. Apunta a reducir precios y fomentar la competencia, pero genera incertidumbre en el sector industrial nacional.
Fin a las restricciones a la importación de electrodomésticos
El Gobierno argentino oficializó la eliminación de las restricciones a la importación de productos de línea blanca, como heladeras, lavarropas, cocinas y otros electrodomésticos. La decisión fue comunicada públicamente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de una publicación en la red social X (antes Twitter), en la que ironizó sobre la normativa anterior y la comparó con la importación de metralletas y drogas.
La medida forma parte del proceso más amplio de desregulación estatal que impulsa el actual gobierno, bajo la administración del presidente Javier Milei. La resolución que pone fin a las trabas administrativas lleva la firma del Director General de Aduanas, Andrés Velis, y está registrada bajo el código IG-2025-3-E-ARCA-DGADUA.
Una normativa “grotesca” según el funcionario
Sturzenegger cuestionó duramente las regulaciones previas que limitaban la importación de electrodomésticos, calificándolas de “grotescas”. A modo de ejemplo, citó una película de los años 90 en la que una heladera cobraba vida y atacaba personas, ironizando con el supuesto nivel de peligro con que se había tratado este tipo de productos en la legislación anterior.
“El nivel de absurdo era total: se trataba a una heladera como si fuera una amenaza a la seguridad nacional”, escribió el ministro en su cuenta. Además, denunció que este tipo de restricciones “no buscaban otra cosa que proteger intereses de algunos fabricantes locales a costa del bolsillo del pueblo argentino”.
Un capítulo más en la cruzada contra las regulaciones
Desde su regreso al poder público como ministro, Sturzenegger ha encabezado la iniciativa del Ejecutivo de reducir drásticamente el aparato normativo estatal. En enero de 2024 ya había sido una figura clave en el diseño del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que proponía la derogación o reforma de cientos de leyes y regulaciones en nombre de la “modernización económica”.
Esta nueva resolución apunta a simplificar los procesos de importación para electrodomésticos, que hasta ahora requerían licencias no automáticas y cumplimientos técnicos específicos, lo que implicaba tiempos de espera prolongados y costos adicionales.
Impacto económico: ¿beneficio al consumidor o golpe a la industria?
Uno de los argumentos centrales del oficialismo es que la liberalización del mercado permitirá una reducción en los precios de los electrodomésticos, ya que aumentará la competencia con productos de origen asiático, europeo y estadounidense. Esta mayor disponibilidad podría también mejorar la calidad y variedad de los productos ofrecidos al consumidor.
Sin embargo, la medida fue recibida con preocupación por parte de la industria nacional. Según datos de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), el sector emplea de forma directa a más de 10.000 personas en Tierra del Fuego, Buenos Aires y otras provincias, y genera decenas de miles de empleos indirectos a través de su cadena de valor.
Un vocero de la entidad afirmó que “si no hay un esquema de transición o de protección inteligente, muchas fábricas locales no podrán competir en precio con productos importados fabricados en masa en Asia, lo cual podría significar un cierre de líneas de producción y pérdida de empleos en los próximos meses”.
Antecedentes: una larga historia de regulaciones
Las restricciones a la importación de electrodomésticos tienen una historia de más de dos décadas en Argentina. Durante los años 2000 y en particular tras la crisis de 2001, los gobiernos comenzaron a aplicar políticas de sustitución de importaciones para proteger la industria nacional. Estas políticas se acentuaron entre 2011 y 2015, con un esquema de licencias no automáticas y barreras técnicas diseñadas para frenar el ingreso de productos extranjeros.
Durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), algunas de estas restricciones se flexibilizaron, pero sin ser completamente eliminadas. La pandemia de COVID-19 y la crisis de divisas que enfrentó el país a partir de 2020 llevaron al retorno de mecanismos de control más estrictos, con el objetivo de preservar reservas del Banco Central.
El nuevo escenario regulatorio
Con esta nueva resolución, los productos de línea blanca quedan habilitados para ingresar al país sin las limitaciones previas, lo que incluye la eliminación de licencias no automáticas y requisitos técnicos considerados excesivos por el Gobierno. No obstante, continuarán vigentes normas de seguridad eléctrica y eficiencia energética bajo estándares internacionales, aunque su aplicación será más laxa en cuanto a barreras aduaneras.
Según fuentes oficiales, el objetivo es que los electrodomésticos se comercialicen en las góndolas locales con mayor rapidez y a precios más accesibles. El Ministerio de Economía, por su parte, no ha emitido aún una declaración formal sobre los impactos macroeconómicos esperados.
Reacciones políticas y empresariales
Desde sectores opositores, la medida fue interpretada como un nuevo paso hacia una “apertura indiscriminada” que pone en riesgo la producción nacional. El diputado nacional Alejandro Cacace (UCR Evolución), sin embargo, apoyó la resolución, destacando que “es necesario terminar con el proteccionismo inútil que sólo encarece los productos y empobrece al consumidor”.
Por otro lado, algunos analistas consideran que, aunque en el corto plazo la medida podría beneficiar a los consumidores, su impacto en el empleo y la capacidad productiva local podría ser negativo si no se acompaña de políticas de reconversión o capacitación laboral.
Cierre
La eliminación de las restricciones a la importación de electrodomésticos marca una nueva fase en el plan de desregulación estatal impulsado por el Gobierno. Con esta medida, las autoridades buscan dinamizar el consumo, reducir precios y atraer inversiones mediante la liberalización del comercio. No obstante, el desafío será equilibrar estos objetivos con la necesidad de proteger la industria nacional y mantener el empleo. En un contexto de fuerte polarización política y económica, el debate sobre los límites de la apertura continuará en el centro de la agenda pública.
