La decisión de reprogramar el proceso por supuestas irregularidades en las calificaciones afecta directamente a centros de salud locales como el INAREPS, el HIGA y el Materno Infantil, en un contexto de conflicto con residentes por salarios y condiciones laborales.
El conflicto nacional que resuena en las provincias
En medio del creciente malestar entre residentes de la salud pública, el Gobierno nacional anunció la suspensión parcial del proceso de concursos para cubrir cargos en residencias médicas y de otras especialidades, tras detectar presuntas “incongruencias” en los resultados del examen único realizado el 1° de julio. La medida impacta directamente en cientos de instituciones de todo el país, incluidas varias en Mar del Plata, donde la situación de los residentes ya era crítica por condiciones salariales y laborales.
La noticia fue confirmada este jueves por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien informó que el Ministerio de Salud resolvió anular el orden de mérito vigente, suspender la publicación de resultados y convocar a una nueva instancia de evaluación, que incluirá únicamente a los postulantes que superaron los 86 puntos en la prueba anterior.
Según el propio Adorni, el foco de las sospechas recae sobre 268 aspirantes, de los cuales 149 poseen títulos emitidos por universidades extranjeras y 119 por universidades nacionales, cuyas calificaciones resultarían, según el Gobierno, “incompatibles con sus antecedentes académicos”.
Impacto directo en Mar del Plata
El alcance de la medida excede el nivel administrativo y tiene consecuencias concretas para el funcionamiento del sistema público de salud. En Mar del Plata, los concursos nacionales unificados son fundamentales para cubrir vacantes en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS), el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar Alende, el Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti, el Centro Regional de Hemoterapia, y el Hospital Houssay, entre otros.
Las residencias en áreas clave como fisiatría, kinesiología, nutrición, psicología, neurología, anestesiología, clínica médica, cuidados críticos y cirugía dependen de este proceso de selección, cuya postergación deja en suspenso la incorporación de profesionales que debían ingresar el 1° de septiembre, fecha aún no modificada formalmente.
La falta de designaciones complica la organización interna de los centros de salud, que ya trabajan con planteles reducidos y gran parte de su estructura operativa apoyada en residentes, quienes, además de formación, asumen funciones asistenciales en guardias, consultorios y salas de internación.
Críticas y preocupación en el sector
El anuncio fue recibido con preocupación por gremios médicos, asociaciones de residentes y autoridades hospitalarias, que advierten sobre el riesgo de desfinanciamiento funcional y la pérdida de cobertura profesional en múltiples especialidades.
La suspensión llega en un contexto particularmente sensible: el plan de lucha que mantienen los residentes a nivel nacional, incluyendo los de Mar del Plata, por la precarización laboral, la falta de derechos básicos y los bajos salarios. En la ciudad, residentes del INAREPS y de hospitales provinciales han llevado adelante protestas y actos simbólicos como “abrazos solidarios” a sus instituciones, reclamando mejores condiciones laborales y estabilidad.
Actualmente, el salario promedio de un residente ronda los 800.000 pesos mensuales brutos, una cifra que resulta insuficiente, especialmente para quienes se ven obligados a mudarse a otra ciudad —como Mar del Plata— para cubrir una vacante adjudicada a través del concurso.
Examen único y postulantes extranjeros: el nuevo eje de tensión
El Gobierno, además, informó que la Dirección Nacional de Migraciones está investigando si hubo irregularidades en la documentación utilizada por algunos postulantes extranjeros para obtener residencia legal o el Documento Nacional de Identidad. Aunque no se explicitaron casos concretos, esta línea de acción profundiza una postura que ya había generado polémica: en junio, se había otorgado un beneficio extra de cinco puntos en el examen para aspirantes formados exclusivamente en universidades argentinas.
Para muchas entidades académicas y profesionales, este criterio vulnera el principio de igualdad ante la ley. Desde la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), por ejemplo, se advirtió que la residencia no debe transformarse en un filtro discriminatorio, sino en una instancia formativa basada en el mérito, la preparación clínica y la vocación de servicio.
Un proceso en pausa, pero con fecha límite
Pese a las irregularidades denunciadas, Adorni aseguró que el Gobierno mantendrá como objetivo la incorporación de los nuevos residentes el 1° de septiembre, aunque el examen “reprogramado” no tiene aún una fecha definida. Esto genera una brecha de tiempo limitada que pone en riesgo la organización del ciclo lectivo-residencial y complica a los hospitales que dependen de estos ingresos para planificar la atención durante el segundo semestre.
El proceso nacional unificado, que combina el examen con los antecedentes académicos de los postulantes para conformar un orden de mérito, es considerado uno de los mecanismos más transparentes y democráticos para el acceso a las residencias. Sin embargo, la intervención gubernamental ha puesto bajo tensión su legitimidad y ha desatado un fuerte debate sobre los criterios de evaluación y las verdaderas motivaciones detrás de la suspensión.
Cierre
La decisión del Gobierno de Javier Milei de suspender y reprogramar parcialmente el concurso nacional de residencias médicas enciende nuevas alarmas en un sistema de salud ya atravesado por el ajuste, la incertidumbre y la sobrecarga. En Mar del Plata, donde hospitales nacionales y provinciales dependen de esos cargos para garantizar su operatividad, la medida profundiza el malestar de los trabajadores, retrasa la incorporación de profesionales claves y deja a miles de pacientes sin la certeza de una cobertura sostenida.
El examen, que debería funcionar como instrumento de excelencia académica y acceso equitativo, se ve ahora envuelto en controversias que afectan no solo a los postulantes, sino a todo el entramado sanitario argentino. El desafío inmediato será reconstruir la confianza en el sistema y garantizar que la salud pública no sea la variable de ajuste en tiempos de crisis.
