Edgardo Kueider, arrestado con USD 200.000 sin declarar, acusa a la jueza Sandra Arroyo Salgado de perseguirlo políticamente mientras la Justicia de ambos países define su extradición y profundiza la pesquisa por supuesto lavado vinculado al escándalo Securitas-ENERSA.
Un alegato a distancia que sacude a Buenos Aires
Con una tobillera electrónica y la vista al río Paraguay desde su departamento de Asunción, el exsenador entrerriano Edgardo Kueider insiste en su inocencia. Sostiene que los USD 200.000 hallados en su mochila el 4 de diciembre de 2024, al cruzar el Puente de la Amistad, no le pertenecen. “Ese dinero era para una operación inmobiliaria de mi pareja; yo no toqué un solo billete”, repitió este fin de semana en una entrevista radial. A su juicio, el operativo fue un “show mediático” que lo condenó ante la opinión pública antes de pisar un tribunal.
Ocho meses turbulentos
Tras el hallazgo del efectivo, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, pidió su captura internacional. El Senado retiró sus fueros por amplia mayoría y, 24 horas después, las autoridades paraguayas lo detuvieron. Hoy cumple arresto domiciliario mientras se sustancia un proceso de extradición que podría extenderse hasta comienzos de 2026.
Del peronismo al liberalismo: un giro político abrupto
Kueider, abogado de 45 años, llegó al Senado en 2019 bajo el paraguas del Frente de Todos, pero a mediados de 2023 se distanció del kirchnerismo y comenzó a votar proyectos clave del entonces emergente presidente Javier Milei. Esa cercanía, sumada a su rol en la energética entrerriana ENERSA, lo convirtió en pieza de enlace con gobernadores del Litoral. Su detención dejó vacante una banca que La Libertad Avanza aún no consigue ocupar, complicando la aritmética legislativa a tres meses de los comicios de octubre.
La sombra del caso Securitas-ENERSA
El expediente que más preocupa a Kueider es la investigación sobre pagos irregulares confesados por la filial argentina de la multinacional sueca Securitas. La empresa admitió haber desembolsado coimas millonarias para retener contratos con organismos como AYSA, RENAPER, SENASA, ANMAC y ENERSA. Por entonces, Kueider formaba parte del directorio de la eléctrica provincial. Los registros contables de Securitas y los movimientos de sociedades pantalla —entre ellas Betail S.A.— alimentan la sospecha de una red de retornos en la que sobresalen los empresarios Claudio y Marcelo Tortul, presuntos desarrolladores de los departamentos allanados en Paraná.
Pruebas, allanamientos y un vehículo sospechoso
En diciembre de 2024 la magistrada ordenó trece allanamientos en Entre Ríos y la ciudad de Buenos Aires. Localizó tres apartamentos vinculados a sociedades fantasma y revisó un vehículo SUV utilizado durante el cruce fronterizo, registrado a nombre de un empleado del Congreso. Aunque no se secuestró evidencia contundente, los investigadores trazaron un patrón de movimientos de dinero en efectivo entre Paraná, Buenos Aires y la Triple Frontera.
La estrategia de la defensa
El equipo legal de Kueider, encabezado por la abogada Verónica Duprat, pretende frenar la extradición alegando violación al principio de especialidad: Paraguay solo podría entregarlo por el delito de contrabando, no por presunto lavado o enriquecimiento ilícito investigados en Argentina. Además, la defensa afirma que la jueza Arroyo Salgado no verificó la procedencia de los fondos y que “sustenta su acusación únicamente en conjeturas y recortes de prensa”.
La respuesta judicial
Fuentes del juzgado de San Isidro señalan que el pedido de 14 años de prisión surge de la escala penal para el lavado agravado y recuerdan que el exsecretario de Obras Públicas José López recibió 6 años únicamente por enriquecimiento ilícito. Para el Ministerio Público, el paralelismo que propone Kueider “descontextualiza” la causa y omite la posible trama societaria que lo vincula a las coimas denunciadas por Securitas.
Impacto político y económico
El caso amenaza con erosionar el discurso anticorrupción de la administración Milei. Dirigentes opositores exigen transparencia y rapidez para evitar “un nuevo Lava Jato a la argentina”, mientras cámaras empresariales del Litoral temen que la incertidumbre espante inversiones en el corredor bioceánico. La prima de riesgo de Entre Ríos subió 25 puntos básicos tras la última audiencia de extradición, reflejando la sensibilidad del mercado ante posibles coletazos judiciales.
Un tratado clave y los tiempos del proceso
El Tratado de Extradición bilateral, vigente desde 1996, fija un plazo de 60 días para que la Justicia paraguaya envíe sus fundamentos a la Cancillería; sin embargo, la práctica muestra que los recursos pueden demorar el trámite varios meses. Si el pedido argentino prospera, Kueider sería trasladado bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal y quedaría a disposición del Juzgado Federal 2 de San Isidro. Si lo rechazan, cumplirá la pena por contrabando en Paraguay y la investigación por lavado quedará en suspenso.
Panorama regional y organizaciones civiles
ONG como Poder Ciudadano y Transparency International celebraron la publicidad de las audiencias en Asunción y reclamaron que “ningún vínculo partidario interfiera en la cooperación judicial”. Por su parte, académicos del Instituto de Estudios sobre la Triple Frontera advierten que el prolongado limbo procesal puede incentivar nuevas rutas de dinero ilícito en la región.
CIERRE
El futuro de Edgardo Kueider oscila entre dos justicias: si Paraguay concede la extradición, enfrentará en Buenos Aires delitos que acumulan una pena potencial de hasta 14 años de cárcel; si logra quedarse en Asunción, la causa Securitas-ENERSA podría naufragar en tecnicismos. Mientras se define su destino, el caso vuelve a poner en primer plano las fragilidades institucionales en la lucha contra la corrupción y las tensiones políticas en un año electoral crucial para Argentina.
