El sistema internacional de monitoreo alimentario clasifica a la gobernación de Gaza en Fase 5 —hambruna—. Proyecciones apuntan a un agravamiento entre agosto y septiembre de 2025 si no cambia el acceso humanitario y la seguridad en el terreno
22 de agosto de 2025. La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés) confirmó que la situación en la gobernación de Gaza —que incluye a la ciudad de Gaza y zonas aledañas— ha alcanzado la Fase 5, el nivel máximo de su escala analítica, que corresponde a una hambruna. La decisión, de gran peso técnico y político, llega tras meses de advertencias de agencias humanitarias sobre el deterioro acelerado del acceso a alimentos, agua, saneamiento y servicios de salud en un territorio sometido a hostilidades permanentes, desplazamientos masivos y profundas restricciones logísticas.
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, calificó el escenario como un “desastre provocado por el hombre, una acusación moral y un fracaso de la humanidad”. La evaluación del IPC sostiene que más de medio millón de personas ya se encuentran en condiciones “catastróficas” y que, de no producirse cambios inmediatos, la hambruna podría extenderse a otras áreas de la Franja en cuestión de semanas. Se trata de un hito poco frecuente: desde la creación del IPC, en 2004, apenas se han registrado unas pocas hambrunas; esta es la primera reconocida en Gaza y, según diversos expertos, una de las más complejas por su combinación de guerra activa, densidad poblacional y colapso de sistemas básicos.
Qué significa la Fase 5 del IPC
El IPC es una herramienta consensuada por agencias de la ONU, ONG y gobiernos para clasificar la gravedad del hambre en cinco niveles, desde mínimo (Fase 1) hasta hambruna (Fase 5). La Fase 5 implica que una proporción sustancial de la población sufre privaciones extremas de alimentos, con elevadas tasas de desnutrición aguda y mortalidad anormalmente altas asociadas al hambre y enfermedades conexas. A diferencia de informes periodísticos o testimoniales, el IPC aplica una metodología estandarizada que combina análisis de disponibilidad de alimentos, acceso físico y económico, utilización biológica (nutrición y salud) y estabilidad de estos factores en el tiempo. En términos prácticos, la etiqueta de Fase 5 actúa como una sirena de alarma internacional: indica que sin un cambio inmediato y a gran escala en el acceso humanitario y la seguridad, las muertes relacionadas con el hambre pueden crecer con rapidez.
Las cifras detrás del diagnóstico
La evaluación difundida este 22 de agosto detalla que más de 500.000 personas ya enfrentan condiciones compatibles con hambruna en la gobernación de Gaza, y proyecta que entre mediados de agosto y finales de septiembre el fenómeno podría expandirse hacia Deir al-Balah y Khan Younis, en el centro y sur del territorio. En paralelo, la población en emergencia alimentaria (Fase 4) ascendería a aproximadamente 1,14 millones de personas, una fracción enorme del total de habitantes de la Franja. Las proyecciones a más largo plazo son igual de alarmantes: hasta 132.000 niñas y niños menores de cinco años corren riesgo vital por desnutrición aguda si no se revierte la tendencia antes de mediados de 2026.
Las autoridades sanitarias locales han informado muertes por malnutrición desde el inicio de la guerra, entre ellas decenas de niños y niñas, lo que da cuenta de una realidad que los equipos médicos describen con términos clínicos estrictos: marasmo y kwashiorkor (formas severas de desnutrición), infecciones oportunistas que se agravan por la falta de defensas, edema, pérdida acelerada de peso y complicaciones neurológicas y cardiovasculares. Estos cuadros no solo exigen alimentos, sino también agua segura, antibióticos, micronutrientes y un entorno sanitario estable. Sin esa combinación, el riesgo de muerte se multiplica incluso cuando el alimento llega tarde o en cantidades insuficientes.
Cómo se llegó a este punto
La escalada comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando un ataque liderado por Hamás dejó alrededor de 1.200 personas asesinadas en el sur de Israel y cientos de rehenes. Israel respondió con una campaña militar de gran escala en la Franja de Gaza. Desde entonces se reportan decenas de miles de muertos y una destrucción profunda de la infraestructura civil: viviendas, clínicas, hospitales, sistemas de agua, redes eléctricas, rutas y puentes. La combinación de hostilidades, desplazamientos repetidos —gran parte de la población ha debido abandonar su hogar más de una vez— y un entramado de controles y demoras para el ingreso de suministros ha generado condiciones extremas de inseguridad alimentaria.
Las agencias humanitarias sostienen que para estabilizar la situación se necesitarían del orden de 600 camiones diarios con alimentos, agua, medicinas y combustible. Sin embargo, el volumen que efectivamente ingresa se ha mantenido por debajo del umbral requerido. Israel afirma que no existe una política de hambre y que permite el ingreso de ayuda; organizaciones humanitarias y autoridades de la ONU sostienen que la combinación de controles administrativos, cierres intermitentes y falta de garantías de seguridad impide que la ayuda llegue a quien la necesita, especialmente en el norte. En ese contexto, los lanzamientos aéreos de ayuda —que algunos países han reactivado— son vistos por expertos como una medida complementaria y de alcance limitado: pueden salvar vidas puntualmente, pero no sustituyen a convoyes terrestres coordinados y previsibles.
Qué dicen las partes
La ONU califica la hambruna como “enteramente evitable” si se habilita un acceso humanitario amplio y sostenido, y reclama un alto el fuego que permita restituir servicios básicos y atender a heridos y enfermos. Altos funcionarios humanitarios han utilizado términos poco habituales para referirse a la magnitud del sufrimiento civil. En paralelo, Israel niega que exista una hambruna, cuestiona la metodología de los cálculos y afirma que, desde el inicio de la guerra, ha ingresado grandes volúmenes de ayuda. Señala, además, que el colapso del orden público y la acción de grupos armados dificultan la distribución.
Gobiernos aliados han elevado el tono de sus críticas en los últimos meses, enfatizando que el derecho internacional humanitario impone a la potencia que controla el territorio o su acceso obligaciones positivas para garantizar la provisión de alimentos y medicinas a la población civil. Varios ministros de exteriores han calificado el hambre masiva como “moralmente inaceptable” e instan a desbloquear pasos fronterizos, establecer ventanas horarias amplias para convoyes y simplificar procedimientos para insumos críticos como alimentos terapéuticos listos para usar, soluciones de rehidratación y combustible hospitalario.
Por qué la etiqueta “hambruna” importa
En la práctica, el reconocimiento de una hambruna dispara una serie de consecuencias. Primero, focaliza la atención política global: los donantes y los foros internacionales suelen aumentar la presión para abrir corredores y financiar operaciones de emergencia. Segundo, prioriza el ingreso de lotes específicos (alimentos terapéuticos, suplementos micronutricionales, antibióticos, kits de agua y saneamiento) que salvan vidas en días, no semanas. Tercero, ordena la respuesta: clínicas de nutrición, puntos de alimentación de emergencia y mecanismos de derivación para los casos más graves. Finalmente, visibiliza que la nutrición no es solo comida: sin agua potable, saneamiento y atención primaria, un niño desnutrido puede morir por diarrea o neumonía aun recibiendo calorías.
La infancia en el centro de la crisis
El hambre golpea con más fuerza a los menores de cinco años. La desnutrición aguda severa altera la fisiología: reduce masa muscular, debilita el sistema inmune y altera el metabolismo. El tratamiento incluye alimentos terapéuticos listos para usar, antibióticos, vitaminas, control de infecciones y seguimiento semanal. Cuando estas intervenciones se despliegan a tiempo, la recuperación es posible; si hay demoras, las secuelas —en talla, desarrollo cognitivo y rendimiento escolar— pueden durar años. Las proyecciones del IPC sobre 2025–2026 subrayan la urgencia: incluso una mejora parcial del acceso no garantiza salvar vidas si no se estabilizan agua, saneamiento y salud.
El debate sobre legalidad y responsabilidad
El derecho internacional humanitario prohíbe el uso del hambre como método de guerra y establece obligaciones para facilitar la asistencia. Organizaciones de derechos humanos y expertos en la materia señalan que restringir de forma indebida la entrada o distribución de ayuda en contextos de necesidad extrema puede configurar violaciones graves. Israel rechaza esa interpretación y sostiene que la ayuda ingresa en grandes volúmenes, y que los obstáculos principales ocurren dentro del territorio por razones de seguridad. La controversia, más allá de los argumentos, se mide en un resultado concreto: si el volumen que llega a manos de la población vulnerable no alcanza ni es previsible, la mortalidad evitable crece.
Comparación con otras hambrunas recientes
Desde 2004, el IPC ha identificado muy pocas hambrunas. Somalia, Sudán del Sur y Sudán atravesaron episodios de Fase 5 en la última década y media. En Gaza, la singularidad radica en la alta densidad poblacional, la intensidad del combate urbano y la destrucción de servicios públicos en un territorio pequeño, lo que acorta los márgenes de maniobra para llevar ayuda a tiempo. Mientras en otras crisis la dispersión geográfica permite redirigir convoyes, en Gaza la fragmentación del territorio, los cierres súbitos y la inseguridad en rutas internas bloquean, una y otra vez, la distribución efectiva.
Qué se necesita ahora
- Alto el fuego que permita operaciones humanitarias sostenidas y acceso seguro a todas las zonas.
- Apertura y previsibilidad en pasos fronterizos, con ventanas horarias amplias y coordinación civil-militar.
- Escala logística para alcanzar una meta operativa de 500–600 camiones diarios durante varias semanas consecutivas.
- Paquete integral: alimentos terapéuticos, agua y saneamiento, salud primaria, combustible hospitalario y protección de personal y almacenes.
- Monitoreo independiente para verificar volúmenes, rutas, entregas y resultados nutricionales en tiempo real.
Lo que puede ocurrir en las próximas semanas
Las proyecciones del IPC para finales de septiembre anticipan una expansión del área con condiciones de hambruna si no cambian las condiciones de acceso y seguridad. De materializarse nuevas operaciones militares en torno a Gaza City, el riesgo para convoyes y clínicas de nutrición sería mayor, y los desplazamientos internos complicarían aún más la distribución. Por el contrario, un acuerdo que abra rutas estables, junto con medidas de desescalada, podría permitir reducir la mortalidad en cuestión de días en los grupos más vulnerables, especialmente en menores de cinco años y embarazadas.
Cierre
La confirmación de hambruna en la gobernación de Gaza pone nombre a una realidad que las organizaciones sobre el terreno describen desde hace meses: no hay tiempo que perder. La etiqueta no es un fin en sí mismo, sino un llamado a actuar a escala y con urgencia. Con un alto el fuego, corredores seguros, un flujo sostenido de 500–600 camiones diarios y la restitución básica de agua, saneamiento y salud, la historia todavía puede cambiar de rumbo. Sin esos pasos, la hambruna —definida por el propio sistema internacional— será recordada como una tragedia evitable que la comunidad internacional no supo detener.
