El Decreto 534/2025 anuló en un solo movimiento las tres leyes sociales aprobadas el 10 de julio; la oposición buscará insistir artículo por artículo mientras el Gobierno advierte que el gasto extra “rompería” el superávit.
Un decreto para tres leyes
Con su firma del 1 de agosto —publicada en el Boletín Oficial el día 5— el presidente Javier Milei observó en bloque los proyectos 27.791, 27.792 y 27.793, enfocados en un aumento excepcional del 7,2 % para todos los haberes previsionales, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. El Ejecutivo adujo que las iniciativas, sancionadas el 10 de julio con amplio respaldo multipartidario, “carecen de previsión presupuestaria” y comprometen el equilibrio fiscal alcanzado en el primer semestre del año.
La novedad fue el envoltorio jurídico: las tres observaciones quedaron incluidas en un único Decreto 534/2025. Diputados dialoguistas interpretaron el gesto como un intento de obligar al Parlamento a votar los rechazos “en paquete”, minimizando la posibilidad de que algunos aliados avalen solo el capítulo de discapacidad. “Un decreto no puede dictarle al Congreso cómo votar”, replicó el legislador Oscar Agost Carreño.
Qué traía cada proyecto
El primer texto vetado otorgaba un incremento extraordinario del 7,2 % sobre todas las jubilaciones y pensiones y elevaba el bono previsional de $ 70.000 a $ 110.000, ambos actualizados mensualmente por inflación.
La segunda norma extendía por dos años la moratoria previsional vencida en junio, permitiendo a unas 462.000 personas sin 30 años de aportes acceder a la jubilación mínima a cambio de cancelar la deuda en cuotas retenidas del haber.
El tercer proyecto declaraba la emergencia en discapacidad, aumentaba las pensiones no contributivas e indexaba los honorarios de los prestadores de servicios terapéuticos al índice de precios, una demanda histórica de familias y profesionales.
La lógica del “no hay plata”
Fiel a su mantra, Milei justificó la decisión asegurando que “no hay plata” para financiar nuevas erogaciones y que aprobarlas “haría añicos el objetivo de déficit cero”. Lo repitió en entrevistas radiales y en redes sociales.
Según el Ministerio de Economía, los tres proyectos sumaban $ 7 billones en lo que resta de 2025 y casi $ 17 billones para 2026, equivalentes al 0,9 % y 1,68 % del PBI respectivamente.
La Oficina de Presupuesto del Congreso disiente parcialmente. Para este organismo, el aumento de haberes y el nuevo bono representan solo 0,32 % del PBI en 2025 y 0,78 % anualizado, mientras que la extensión de la moratoria sumaría 0,19 % en dos años. El capítulo de discapacidad insumiría 0,5 % este año y 0,1 % en 2026.
Consultoras privadas estiman un costo algo mayor —0,5 % del PBI para jubilaciones y 0,2 % para moratoria— pero aun así lejos del umbral de 2 % al que alude el Presidente.
En paralelo, el ministro Luis Caputo defendió la política previsional oficial señalando que “las jubilaciones superiores a la mínima recuperaron 15 % de poder adquisitivo desde diciembre de 2023”; sin embargo, organismos de verificación sostienen que el haber mínimo perdió 7,2 % real en el mismo lapso.
Una aritmética parlamentaria ajustada
Para dejar sin efecto un veto presidencial se requieren dos tercios de los votos presentes en ambas cámaras. En Diputados, la ley de discapacidad había cosechado 148 votos afirmativos, apenas 13 menos de los 161 necesarios si concurren los 257 miembros. El aumento jubilatorio sumó 142 apoyos y la moratoria 111, lo que obliga a la oposición a retener cada uno de esos respaldos y conquistar varios más.
El bloque Unión por la Patria, la UCR, el socialismo santafesino y sectores provinciales ya trabajan en una sesión especial para el 20 de agosto, coincidiendo con otros proyectos de distribución automática de ATN y coparticipación del impuesto a los combustibles. Legisladores cercanos a los gobernadores sugieren, no obstante, convocar más cerca de las elecciones de octubre para maximizar el “costo político” del oficialismo.
Si el oficialismo consigue que falten 20 diputados o 10 senadores el día de la votación, el veto quedará firme. Esa estrategia —lograr ausencias— ya funcionó en abril pasado, cuando se rechazó el rechazo al veto sobre financiamiento universitario.
Reacciones políticas y sociales
Organizaciones de jubilados, la Confederación Argentina de Sordos y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad convocaron a movilizarse frente al Congreso el mismo 20 de agosto. “Motosierra para los que menos tienen”, rezaba uno de los afiches virtuales que circuló en redes.
En el plano partidario, senadores como Oscar Parrilli calificaron la medida de “cruel y cobarde”, mientras que Carreño (PRO dialoguista) pidió “separar cada insistencia” para evitar que el decreto condicione el debate parlamentario.
Contexto económico y precedentes
El Gobierno celebra una inflación mensual de 1,9 % en junio —la más baja desde 2022— y un superávit primario de 0,3 % del PBI en el primer semestre, logros que el Presidente atribuye a su “motosierra” del gasto. Sin embargo, el ajuste ya provocó una caída del 4,2 % en el salario real y del 2,8 % en el empleo formal en lo que va de 2025.
No es la primera vez que Milei recurre al veto. En diciembre de 2024 ya había bloqueado la reposición del Fondo de Incentivo Docente y la antigua fórmula de movilidad. La acumulación de vetos se ha convertido en parte de su identidad política ante los mercados, pero también en materia de crítica de la oposición, que habla de “abuso del derecho de veto”.
Lo que viene
La Casa Rosada confía en el respaldo de los gobernadores de Juntos por el Cambio y de partidos provinciales para mantener el veto. A cambio, negocia obras públicas y la ampliación del cupo de créditos blandos del Banco Nación. Voceros aseguran que “no habrá costo político” porque el electorado valora la disciplina fiscal.
Si la oposición lograra los dos tercios, Milei podría acudir a la Corte Suprema alegando “inviabilidad fiscal” o enviar un proyecto alternativo con financiamiento específico. De cualquier modo, el episodio tensiona el tramo final de la campaña de medio término y agudiza el debate sobre hasta dónde llega la legitimidad del ajuste frente a los sectores más vulnerables.
CIERRE
La pulseada por las jubilaciones, la moratoria y la discapacidad condensará, en menos de tres semanas, el corazón de la discusión argentina: ¿es compatible el déficit cero con la protección social? El oficialismo cree que sí, siempre que se preserve la senda de austeridad; la oposición sostiene que el costo recae desproporcionadamente en quienes menos margen tienen. El desenlace, más que determinar el destino de tres leyes sociales, pondrá a prueba el equilibrio que el país busca entre estabilidad macroeconómica y justicia distributiva.
