Gremios docentes y nodocentes confirman una semana completa de huelga en todas las universidades públicas. En Mar del Plata, ADUM y APU votarán su adhesión mientras Diputados prepara el debate del proyecto que promete recomponer salarios, actualizar partidas y ampliar becas.
Un semestre que arranca con aulas vacías
El regreso a clases tras el receso invernal estará signado por protestas en las 57 universidades nacionales. El plenario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) aprobó un paro de siete días —del 11 al 17 de agosto— y la continuidad con paros rotativos de 48 horas a partir del 25 de agosto, antes de una tercera Marcha Federal Universitaria prevista para septiembre.
En la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) y la Asociación del Personal Universitario (APU) se reunirán en asambleas extraordinarias los días 7 y 8 de agosto para definir el nivel de adhesión y las actividades de visibilización en facultades y espacios públicos. Voceros sindicales anticipan un cese total de actividades y movilizaciones en el complejo universitario y el centro de la ciudad.
Las raíces del conflicto: recortes y salarios en caída
Desde que la administración de Javier Milei asumió en diciembre de 2023, las partidas de funcionamiento para el sistema universitario cayeron un 22 % en términos reales y los salarios docentes y nodocentes acumulan una pérdida estimada de 28 % frente a la inflación hasta junio de 2025, según el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC-Conadu).
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió que la brecha entre inflación y aumentos otorgados «supera el 80 %» y que la mayoría del plantel percibe remuneraciones por debajo de la línea de pobreza. «No hay educación superior de excelencia sin salarios dignos», afirmó el organismo.
En Mar del Plata, el rector Alfredo Lazzeretti recordó que la universidad pasó de recibir 680 millones de pesos mensuales en diciembre a 440 millones en lo que va de 2025 y alertó que con esos fondos «hay que sostener comedores, becas, servicios públicos y mantenimiento».
La polémica por las auditorías
A la discusión presupuestaria se suma un nuevo foco de tensión: el Gobierno sostiene que varias universidades «se niegan a ser auditadas» por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y que esa supuesta resistencia justifica el ajuste. El presidente Milei declaró: «El que no quiere ser auditado es un chorro. Los argentinos tenemos derecho a saber cómo se usan nuestros impuestos».
La Universidad de Buenos Aires (UBA) impugnó la competencia de la SIGEN y presentó un recurso ante la Justicia, alegando que el organismo viola la autonomía universitaria. Como alternativa, la UBA convocó a profesionales independientes para realizar una auditoría externa propia y reiteró que ya rinde cuentas anualmente ante la Auditoría General de la Nación, los tribunales de cuentas provinciales y sus propios órganos internos de control. Otras universidades del interior emitieron comunicados similares.
Los rectores enfatizan que las casas de estudio ya elaboran balances, memorias y estados contables públicos, y acusan al Ejecutivo de usar la narrativa de «falta de transparencia» para legitimar recortes. Los gremios docentes, por su parte, sostienen que la discusión sobre auditorías «es una cortina de humo» que no aborda el deterioro salarial y presupuestario.
El proyecto de ley que busca destrabar la crisis
En paralelo, el proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial —con dictamen de mayoría desde el 8 de julio— podría llegar al recinto de la Cámara de Diputados en la sesión del 6 de agosto.
La iniciativa contempla:
- Recomposición inicial equivalente a la pérdida acumulada desde diciembre de 2023.
- Paritarias obligatorias cada tres meses, con ajustes al menos iguales al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- Actualización anual automática de los gastos de funcionamiento según la inflación.
- Fondo de 10 000 millones de pesos, ajustable, para becas estudiantiles y carreras estratégicas.
La mesa política oficialista tilda el texto de «inviable fiscalmente». La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, subrayó que «los recursos deben estar condicionados a una auditoría integral», mientras la oposición acusa al Gobierno de bloquear el debate para sostener el ajuste.
Voces y expectativas encontradas
«Sin paritarias ni presupuesto real, no queda otro camino que la huelga»,
sostuvo el secretario general de Conadu, Carlos De Feo.
Desde el CIN, su presidenta, Delfina Veiravé, afirmó que «la transparencia jamás estuvo en discusión, pero la autonomía universitaria es irrenunciable». El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, respondió que «no hay contradicción entre autonomía y control externo: quien se opone a la auditoría algo esconde».
Impacto académico y social
Si la huelga se prolonga sin acuerdo paritario, las universidades podrían condensar calendarios, eliminar recuperatorios y reprogramar exámenes finales para diciembre-enero. Carreras con prácticas profesionales —Medicina, Ingeniería, Arquitectura— serían las más afectadas.
El movimiento estudiantil prepara clases públicas y cacerolazos nocturnos. La Federación Universitaria Argentina (FUA) advierte que el 57 % de los estudiantes trabaja más de 25 horas semanales para sostener sus estudios y que el congelamiento de becas «expulsa silenciosamente a los sectores populares».
¿Qué puede pasar ahora?
Si el proyecto avanza el 6 de agosto y no recibe veto inmediato, los gremios valoran suspender el paro total y limitarse a clases públicas hasta que el Senado se pronuncie en septiembre. Pero si fracasa o es vetado, la Marcha Federal se plantea como «más masiva que la de abril de 2024».
Analistas advierten que el Gobierno se juega parte de su programa de ajuste en este pulso con el sistema universitario: cualquier concesión salarial marcaría un precedente para otros sectores estatales y afectaría la meta de equilibrio fiscal.
Cierre
El segundo cuatrimestre de 2025 se perfila como el más conflictivo desde la crisis presupuestaria de 2001-2002. A los salarios erosionados y presupuestos recortados se suma la controversia por las auditorías, convertida en argumento político para justificar o cuestionar el ajuste. Lo que ocurra en la semana del 11 de agosto y en la sesión parlamentaria previa determinará no solo el calendario académico, sino también el alcance del derecho a la educación superior, la autonomía universitaria y el futuro de la investigación científica en el país.
