SATSAID denuncia precarización laboral en plataformas de streaming: “Los derechos no evolucionan con el algoritmo”

El sindicato que representa a trabajadores audiovisuales acusa a empresas de streaming de incumplir normativas laborales básicas y de bloquear su accionar gremial, pese a contar con estructuras profesionales, financiamiento comercial y gran alcance.

Conflicto creciente en la industria audiovisual digital

El Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) volvió a colocar el foco en una problemática que crece al ritmo de las plataformas digitales: la falta de regularización laboral en empresas de streaming que producen contenido con equipos técnicos y artísticos profesionales, pero que, según el gremio, eluden su carácter de empleadores formales.

Esta semana, el sindicato desplegó una contundente acción pública frente a uno de los canales implicados, empapelando su fachada con afiches que rezaban: “Trabajás en streaming: sos trabajador/a audiovisual”, acompañados por un código QR que remite a material informativo sobre derechos laborales.

Desde SATSAID afirman que estas empresas operan con equipos completos de producción, financiamiento por publicidad y una estructura empresarial consolidada, pero se niegan a registrar a sus trabajadores de forma legal, incumpliendo con aportes previsionales, cobertura de salud, ART y convenios colectivos vigentes.

Streaming profesional, vínculos informales

Según denuncian desde el sindicato, varias plataformas digitales, que se presentan como “emprendimientos independientes” o “productoras de contenido multiplataforma”, en realidad funcionan con modelos industriales comparables a cualquier canal de televisión tradicional.

Los reclamos se centran en la negativa de estas firmas a reconocer formalmente su carácter de empresas audiovisuales, lo que permitiría la intervención gremial, el acceso a inspecciones laborales y la aplicación de convenios sectoriales.

“Nos encontramos con sets de grabación, directores, técnicos, camarógrafos, editores, iluminación profesional, vestuaristas, todo dentro de una lógica productiva constante. No son contenidos casuales ni amateur: hay organización, cronogramas, monetización y audiencias masivas”, explicó una fuente del SATSAID que participa activamente en las negociaciones.

Una industria en transición: nuevas pantallas, viejas deudas

El auge de plataformas de contenido vía streaming en Argentina ha sido una de las transformaciones más profundas del ecosistema audiovisual en los últimos cinco años. Proyectos nacidos en redes sociales mutaron en medios con financiamiento estable, acuerdos con marcas, facturación por publicidad programática e incluso suscripciones de usuarios.

Sin embargo, la velocidad de esta evolución no fue acompañada —según el gremio— por una actualización de las relaciones laborales. En muchos casos, los trabajadores son contratados como monotributistas o directamente sin vínculo legal registrado, a pesar de prestar servicios técnicos esenciales con horarios, jerarquías y tareas recurrentes.

“El desarrollo de nuevas tecnologías no puede ser una excusa para precarizar. La edición digital, el sonido o la producción siguen siendo tareas audiovisuales, aunque cambie la pantalla”, argumentan desde SATSAID.

El bloqueo sindical y la falta de diálogo institucional

Una de las principales preocupaciones del sindicato es la resistencia de algunas plataformas a permitir el ingreso del gremio para realizar inspecciones, encuentros o asambleas. SATSAID denuncia que han sido explícitamente bloqueados en múltiples ocasiones, a pesar de haber intentado avanzar en diálogo formal y notificaciones legales.

“No estamos en contra del crecimiento digital, al contrario: creemos que es un momento histórico para fortalecer el trabajo audiovisual. Pero eso incluye reconocer derechos básicos como el alta temprana, los aportes a la seguridad social, la obra social, el seguro por accidentes y el derecho a organizarse”, indicaron desde la comisión directiva.

Acciones, campañas y puentes tendidos

La campaña impulsada esta semana frente a un canal en conflicto no fue aislada. El sindicato lleva adelante desde hace meses una estrategia de visibilización que incluye encuentros con trabajadores, cartelería, contenido en redes y presentaciones ante organismos estatales.

A través del QR colocado en la vía pública, los trabajadores pueden acceder a materiales explicativos sobre su encuadre legal, modelos de reclamos y canales de asesoramiento confidencial. Además, SATSAID confirmó que algunas plataformas ya comenzaron a avanzar hacia la regularización, abriendo una instancia de negociación que podría sentar precedentes.

La postura gremial es clara: no buscan frenar la producción de contenidos digitales, sino acompañarla con condiciones laborales acordes al siglo XXI.

Un fenómeno global, un desafío nacional

El conflicto en Argentina no es único. En otras partes del mundo, sindicatos y plataformas de streaming atraviesan tensiones similares. En Estados Unidos, el gremio SAG-AFTRA protagonizó en 2023 una histórica huelga por derechos de actores y técnicos en producciones para plataformas. En Europa, varios países revisan sus marcos regulatorios ante la expansión de productoras digitales que operan fuera del encuadre audiovisual tradicional.

En ese contexto, Argentina se encuentra en un punto de inflexión. La consolidación de medios emergentes por streaming plantea desafíos para legisladores, entidades laborales y el propio Estado, que debe definir si mantiene un modelo dual —con empleados registrados en televisión tradicional y trabajadores no reconocidos en plataformas— o avanza hacia un marco inclusivo.

Cierre

La denuncia de SATSAID pone sobre la mesa un debate urgente: ¿quién es un trabajador audiovisual en la era del streaming? Mientras el consumo muta y los formatos se diversifican, miles de técnicos, camarógrafos, editores y productores siguen operando sin cobertura, sin derechos garantizados y sin representación formal.

La discusión ya no gira en torno a si el streaming es o no una industria, sino sobre cómo se la regula y quién se responsabiliza por quienes la sostienen. En un sector que promete innovación y libertad creativa, el riesgo es que el progreso tecnológico avance a costa de derechos laborales esenciales.